La Ley Marco de Empleo Público, N.º 10159, y su relación desigual en el congelamiento de salarios de los empleados públicos contratados antes de su entrada en vigencia

Resumen

La reciente entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público (Ley n.º 10159), complementa las medidas excepcionales de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que determinó por medio de las disposiciones atinentes a la regla fiscal un parámetro relacionado con el nivel de endeudamiento que sea igual o mayor al 60 % del producto interno bruto (PIB). El principal propósito de esta norma con entrada en vigor desde el 10 de marzo del presente año se relaciona con aspectos vinculados a la igualdad de condiciones de los trabajadores que desempeñan las mismas funciones en el ámbito profesional y así procurar el bienestar a través de la igualdad de salario. Esto necesariamente debe generar un proceso de transición que respete las condiciones laborales establecidas de los colaboradores que, a la entrada en vigor de esta ley, cuenten con una situación jurídica consolidada. Entre los cambios de mayor discusión se encuentra el congelamiento de la remuneración que han venido recibiendo las personas funcionarias que, a la entrada en rigor de la Ley Marco de Empleo Público, cuentan con un salario compuesto superior al salario global de la categoría a la que corresponden, así como la restricción de pago de aumento salarial a la base por concepto de costo de vida, como respuesta a los niveles de endeudamiento fijados por la regla fiscal. El presente estudio pretende brindar elementos objetivos de análisis para aportar al necesario diálogo nacional de las autoridades o la opinión pública y así garantizar una transición de normas, respetuosa de los derechos fundamentales, y con un camino llano que le permita equilibrar la remuneración salarial de las personas funcionarias, como parte de un procedimiento paulatino y razonado que garantice certeza jurídica y, al mismo tiempo, equidad de las circunstancias laborales sin producir un empobrecimiento de plazo indeterminado a la capacidad adquisitiva de las
personas trabajadoras del sector público.