Análisis de la caducidad del procedimiento administrativo

Resumen

Los procedimientos administrativos, regulados en el título séptimo de la Ley General de la Administración Pública N.o 6227, pueden finalizar de manera extraordinaria o anormal a través del mecanismo jurídico de la caducidad, que sanciona la omisión de impulsar y gestionar el procedimiento, dentro de los plazos de ley, incumpliendo con el mandato establecido en la Constitución Política, que impone a las Administraciones Públicas garantizar la justicia pronta y cumplida, con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.
De esta forma, si la Administración Pública a cargo del procedimiento no cumple con esos principios constitucionales, termina por prevalecer, de manera objetiva, la seguridad jurídica y la efectiva defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (CIJUL, 2013). Sin embargo, es de suma trascendencia determinar, a la luz de un análisis de criterios de la Procuraduría General de la República y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la aplicación práctica de la caducidad, para determinar cuáles son los supuestos para su invocación, así como los efectos derivados de la declaratoria de caducidad de un procedimiento administrativo, ponderando las tesis jurisprudenciales de los órganos indicados, tanto administrativos como judiciales, aunado a la doctrina especializada que se ha abocado a su estudio, esclareciendo las diferencias que existen entre la caducidad y la prescripción. La certeza de los presupuestos de caducidad, tanto normativos como jurisprudenciales, permiten entender con profusa claridad su correcta interpretación, en aras de conferir mayores garantías a quienes afrontan un procedimiento administrativo, atendiendo al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.